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La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y La Unión Catalana de Hospitales (La Unió) lamentan la eliminación de las medidas económicas asociadas a los protocolos de la COVID-19 y alertan de la aparición de “deficiencias históricas” porque no podrán mantener un ratio de profesionales necesario que había permitido mejorar la atención de las personas mayores.
“Estos dos últimos años hemos incrementado el personal de atención directa, hemos sectorizado nuestros espacios para personalizar más la atención, hemos esponjado los centros, y ahora no podemos echar atrás todo esto. Es imprescindible un fondo extraordinario por parte del Govern si queremos que se mantengan todas las medidas que hemos implementado y no tener que volver al nivel de atención previo a la pandemia”, alertan.
La publicación esta semana del Real Decreto 5/2022, de 17 de mayo ha supuesto la derogación de una serie de medidas económicas en residencias y centros de día que habían fortalecido la atención hacia un colectivo tan vulnerable como el de las personas grandes con dependencia.
Todo esto decae, pero al mismo tiempo se sigue manteniendo un protocolo específico, el llamado Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que sigue fijando medidas especiales de protección en el ámbito residencial, una "contradicción flagrante" para las empresas y entidades del sector, que piden "coherencia" al Gobierno y más "recursos" en previsión de nuevos rebrotes o empeoramientos de la situación epidemiológica, y más teniendo en cuenta que en las últimas semanas han empeorado los datos en el ámbito asistencial, con más contagios de carácter asintomático o leve.
Las patronales alertan de una “infrafinanciación histórica, agravada por el encarecimiento de costes materiales y de suministros, con unas tarifas públicas de residencia y centro de día que en los últimos diez años se han incrementado muy lentamente.
Por otra parte, las organizaciones empresariales quieren seguir avanzando en la integración social y sanitaria y redefinir el modelo de atención a residencias en cooperación con la administración para garantizar un sistema de máxima calidad, financiado y sostenible en los próximos años. Por último, piden al Govern el cumplimiento de los acuerdos económicos pactados con el anterior ejecutivo para garantizar la viabilidad del Convenio GERCAT para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, el principal activo de la atención a las personas.
Asimismo valoran la voluntad de la consejería de Derechos Sociales de fortalecer el trabajo conjunto y continuado con el sector para compartir los retos más inmediatos y las respuestas necesarias para afrontar su subfinanciación y mejora de la calidad para hacer frente con solvencia a las necesidades crecientes en el ámbito de la atención a la dependencia.
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